Paulette Harlow, una activista provida de 75 años, ha sido condenada a 24 meses de prisión y 36 meses de libertad supervisada por su participación en una protesta contra una clínica de abortos en Washington, DC, en octubre de 2020. La sentencia fue dictada bajo la Ley de Libertad de Acceso a las Entradas a las Clínicas (FACE), por la jueza Colleen Kollar-Kotelly del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia. A pesar de su frágil estado de salud, Harlow debe cumplir su condena, aunque inicialmente se le permitió permanecer bajo arresto domiciliario hasta que se emitiera la sentencia.

El esposo de Harlow, John, ha expresado su profunda preocupación por la salud de su esposa, temiendo que pueda fallecer pronto debido a las condiciones de encarcelamiento. “Siento que Paulette se está muriendo. En mi corazón, creo que está teniendo dificultades para mantenerse con vida... Hemos intentado ser buenas personas. Amo mucho a mi esposa. Ella me hizo ir más allá de lo que habría hecho de otro modo para ayudar a los demás”, declaró John, según Live Action.

La defensa de Harlow, liderada por el abogado Orenberg, argumentó que la cárcel sería perjudicial para su cliente debido a su estado de salud. Señaló que Harlow depende del apoyo constante, especialmente de su esposo, para poder seguir adelante. La protesta en DC, en la que Harlow participó, fue documentada por el activista Josh Darnel, quien también fue condenado a 34 meses de prisión.

El Departamento de Justicia de Biden emitió una declaración indicando que los acusados participaron en una conspiración para bloquear la clínica de atención de salud reproductiva, entrando por la fuerza y obstruyendo las entradas con sus cuerpos, muebles, cadenas y cuerdas. Ross, abogada principal del Departamento de Justicia, enfatizó que los cargos no estaban relacionados con las creencias personales de Harlow, sino con la obstrucción violenta de la atención de salud reproductiva y la violación de los derechos civiles de los demás.

Algunos legisladores conservadores han expresado su preocupación sobre la constitucionalidad de la Ley FACE y han presentado un proyecto de ley para derogarla. Argumentan que esta ley representa una inconstitucional toma de poder federal sobre las competencias policiales estatales. Líderes conservadores han pedido la derogación de la Ley FACE lo antes posible, alegando que criminaliza injustamente a los activistas provida.