La iniciativa judicial, impulsada por el fiscal Patricio Sabadini y la jueza Zunilda Niremperger, cuenta con respaldo de organismos como la Unidad de Información Financiera, el Banco Central y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero. La causa, sin imputaciones formales hasta el momento, se basa en normativas tributarias y leyes vinculadas al lavado de activos.

Uno de los elementos llamativos del expediente es la falta de presentación de balances contables desde 2016 por parte de la iglesia en el Registro Público de Comercio de Chaco. A esto se suma la dificultad de rastrear el origen del dinero debido a la modalidad de aportes anónimos por parte de los fieles.

En paralelo, el fiscal investiga si el sistema de recaudación promovido por la congregación —a través de programas de “finanzas sobrenaturales” que proponían prosperidad económica ligada a donaciones— habría funcionado como mecanismo para canalizar fondos no declarados. La causa se inició de oficio tras un evento público que fue presentado como un “milagro financiero”, en el que se habría recibido una suma significativa de dinero sin explicación clara.

Con más de 50.000 miembros activos, presencia en más de 40 países y fuertes lazos con estructuras políticas provinciales, la Iglesia Cristiana Internacional se encuentra bajo una lupa judicial que apunta a desentrañar si parte de sus operaciones económicas se ajusta a la legalidad vigente. El valor del templo, estimado preliminarmente en al menos 50 millones de dólares, será también objeto de peritajes técnicos.

A medida que avance la investigación, se espera que se incorporen nuevas instancias, como la participación de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), que podría aportar mayor profundidad al análisis financiero.

El proceso judicial comienza a transitar un terreno complejo y sensible: aquel donde convergen la fe, la gestión de recursos y el escrutinio del Estado.

Fuente: Diario Cristiano Internacional